Al menos 100 infantes fueron abusados por el padre Silvestre

Armando GUTIÉRREZ

Integrantes del Foro Oaxaqueño de la Niñez (FONI) exigió castigo a los responsables de encubrir y proteger el abuso sexual de alrededor de 100 niños en 7 comunidades del estado por el padre Gerardo Silvestre Hernández.

En conferencia de prensa, Alejandro de Jesús Ramírez, Alberto Thié Gallo y los presbíteros suspendidos, Apolonio Merino Hernández y Jorge Pérez, adelantaron que durante la visita del Papa Francisco a México en febrero próximo, entregarán una carta escrita por la madre de uno de los adolescentes víctima de abuso sexual.

Al papa Francisco le harán saber que la pederastia en México y en otras partes del país sigue vigente a pesar de todo lo que ha dicho en mensajes para erradicar la problemática dentro de la Iglesia, dijo.

En la misiva escrita por la indígena Narcisa Mendoza, le expresa al Papa la actitud de encubrimiento por parte del arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, al no hacer caso de las denuncias y proteger al presbítero abusador.

Además de las amenazas que sufrieron por parte de los presbíteros Wilfrido Mayren Peláez y Pedro Ginez, quienes acudieron a la comunidad de Camotlán para descalificar las declaraciones de los menores y amenazarlos con enviarlos al Consejo de Tutela.

La madre señala que su hijo de 14 años fue víctima del sacerdote de la comunidad cuando éste los emborrachaba para poder abusar de él y otros 44 niños más.

De esta manera, los representantes del FONI manifestaron que las acciones emprendidas para buscar justicia, reparación del daño y garantías de no repetición, no es en contra de la Iglesia católica, sino a favor de los niños que han sido víctimas de abuso sexual.

Recordaron que el caso del padre surgió en 2006 cuando se conoció del abuso a un menor de 9 años en la comunidad de San Pablo Huitzo; posterior el padre fue trasladado a la comunidad de Camotlán, Villa Alta, donde se conocieron 45 casos más, pero hay más de 100 casos cometidos que no se han revelado durante el traslado a siete comunidades más que no se han investigado.

Al Gobierno del Estado, piden se repare el daño a las víctimas acorde a lo que marca la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se brinden garantías de no repetición del abuso así como castigo a los responsables.